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Las industrias que requieren una elevada mano de obra como el reciclaje, tiene mayor potencial de trasladarse a países pobres con menores salarios, pero también con menores estándares de protección social. Estos bajos estándares, aumentan el riesgo de sobre-explotación laboral y de accidentabilidad.
Las subvenciones agrarias de los países desarrollados es una medida política que protege a los agricultores de los países desarrollados. Cuando se subvencionan cultivos que compiten con productores de países sub-desarrollados, se reducen los ingresos que estos pequeños productores perciben por sus productos generando pobreza y fomentando condiciones de trabajo precarias.
Los productos cultivados en países en vías de desarrollo ofrecen pocas garantías de que se respeten los derechos laborales de los agricultores y sus familias. Estos trabajadores son muy vulnerables a las explotación laboral y sus derechos y calidad de vida en general están desprotegidos. No tienen asegurados la atención sanitaria ni el acceso a formación ni educación para ellos ni sus familias. Es difícil asegurar la protección social en estas zonas vulnerables sin la supervisión de entidades certificadoras como UTZ y Rain Forest Alliance. Por ello sin estas certificaciones los cultivos que tiene como origen en estas áreas geográficas las consideramos poco sostenibles.